No hay estudio nacional o internacional que no confirme lo que viven miles de familias y cientos de empresarios todos los días. Para abrir un negocio, para ganar una licitación o para acceder a servicios públicos, se necesita pasar por el tortuoso camino de la corrupción. La llamada "gran corrupción" y la "corrupción administrativa" conviven con los y las mexicanas todos los días. Arriba y abajo. En las grandes concesiones y obras de infraestructura, o para acceder a los servicios básicos como el agua.
Acompañada de su hermana gemela, la impunidad, esta pareja ha formado un dúo que lastima duramente a nuestro país. El binomio se ha convertido en la principal amenaza a la democracia, y también, a la seguridad del Estado. Porque no solo se trata de mordidas y de moches. El crimen organizado y la delincuencia también viven tranquilos comprando policías y hasta jueces. En un entorno de corrupción e impunidad, ya no es necesaria la amenaza de "plata o plomo". Con la plata basta.
Como confirmamos tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, la corrupción no solo hiere, también mata. Y entre tragedias, la corrupción se conforma con deteriorar instituciones. Es corrosiva. Tanto que, cuando una sociedad decide controlarla, como lo hizo la sociedad civil mexicana en 2016, a partir de la "Ley3de3", surgen de inmediato defensores de la corrupción como parte central de nuestra cultura o nuestra forma de vida. Algunos de ellos discretos y sofisticados, otros con argumentos ramplones; muchos otros, desde el cinismo o la complicidad.
Con tres fiscalías sin titulares y una discusión sobre el futuro de la nueva Fiscalía General pendiente, el país enfrenta la crisis institucional en materia de Estado de Derecho más aguda de la historia reciente del país
No cabe duda. Hay resistencias. No es fácil reformar instituciones. Mucho menos cambiar un régimen político. Pero incluso en un entorno así de complejo, es difícil encontrar justificación sólida para los eventos recientes. Al día de hoy, en medio de una crisis de derechos humanos y acusaciones de corrupción, México no tiene ninguna de las tres fiscalías que podrían hacerle frente al problema. No hay procurador ratificado por el Senado sino un "encargado de despacho", no tenemos fiscal anticorrupción designado y, como corolario, a partir del viernes pasado, tampoco tenemos fiscal para delitos electorales.
Sobre el fiscal anticorrupción, el Senado, atrapado en su laberinto político, parece obstinado en intercambiar los distintos nombramientos que completan el Sistema Nacional Anticorrupción. Falta nombrar al fiscal especial, pero también a los jueces para sancionar corrupción administrativa.
El Congreso de la Unión, por su parte, no ha podido avanzar y resolver el tema del fiscal general, tema que sigue atrapado entre dimes y diretes de los distintos partidos políticos. Y a partir de la semana pasada, en medio de la incertidumbre sobre el destino de la nueva Fiscalía General, el Procurador General de la República renunció ante el Senado.
El tamaño de la crisis institucional lo describe la tercera ausencia: el viernes 20 de octubre el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República decidió arremeter en contra del primer fiscal para delitos electorales con enfoque anticorrupción.
Fue hasta la llegada de Santiago Nieto que una fiscalía dormida por más de 20 años, empezó a dar resultados.
La remoción del fiscal de Delitos Electorales no es asunto menor. Fue hasta la llegada de Santiago Nieto que una fiscalía dormida por más de 20 años, empezó a dar resultados. Con limitaciones económicas y de personal, los ministerios públicos coordinados por Nieto, mantenían investigaciones en Veracruz, Estado de México, Chihuahua y por la vinculación de la empresa brasileña Odebrecht con la campaña presidencial de 2012. Aunque solo podía investigar en materia electoral, porque así lo establece la ley, el fiscal Fepade, se convirtió en un auténtico fiscal anticorrupción. La fiscalía especializada mostró cuánto del control de la corrupción pasa por actuar con independencia.
La decisión de poner un alto al fiscal Nieto es, cuando menos, polémica. Bajo un dudoso argumento, la decisión parece la de remover al funcionario que ya empezaba a resultar incómodo. La remoción de Nieto (que podría detenerse desde el Senado, donde ningún partido tiene mayoría calificada) deja al país sin fiscales anticorrupción. El Senado de la República debate mientras escribo sobre el futuro del Fiscal Nieto, cuyo destino se resolverá en las próximas horas.
Con tres fiscalías sin titulares y una discusión sobre el futuro de la nueva fiscalía general pendiente, el país enfrenta la crisis institucional en materia de Estado de Derecho más aguda de su historia reciente. Cuando más necesitábamos instituciones para enfrentar crimen organizado, corrupción y violaciones graves de derechos humanos, la clase política ha optado por dejar vacantes. Un país que se ha quedado sin fiscales, cuando más se necesitan, es un país que pone en riesgo a las piezas centrales para mantener la confianza social en las instituciones y fortalecer el muy lastimado Estado democrático de derecho.
*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.