El primero de septiembre iniciaron las actividades del tercer y último año de la LXIII Legislatura. También se entregó el quinto y penúltimo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero de ello no me ocuparé por ahora: el presidente cuenta con suficientes spots para autoelogiarse y el Congreso ha preferido no recibir, escuchar o interpelar al presidente.
En la Cámara de Diputados han habido diversos reacomodos de las bancadas. Al inicio de la legislatura, en septiembre de 2015, el PRD contaba con 60 curules y Morena con 36. Tras la migración de varios de ellos, hoy ambos partidos reportan 54 y 46 curules, respectivamente: la bancada de Morena es mayor que la PRD. Tras este ajuste, Morena sería la cuarta fuerza en San Lázaro y por lo tanto tendría derecho a una mayor presencia en comisiones y la mesa directiva. ¿Qué ocurrió? Justo antes de iniciar las labores legislativas, el PRI le "prestó" seis diputaciones al PVEM para que éste no perdiera el codiciado cuarto lugar en el Congreso. El PVEM tiene ahora 48 diputaciones, seis más de las que tenía al inicio de la Legislatura.
Habrá quien diga que esto es un mero cambio cosmético, toda vez que en la Cámara sigue teniendo mayoría la coalición del PRI. Sin embargo, es un hecho que el electorado eligió una composición del Congreso, y los legisladores han decidido hacer otra cosa.
En la Cámara de Senadores también suceden cosas bastante extrañas. Como sabemos, desde las elecciones de 2012, los partidos de oposición tienen una frágil mayoría de cuatro escaños en el Senado: 66 contra 62. Podría decirse que el contrapeso legislativo al Ejecutivo a lo largo de este sexenio ha recaído en la Cámara de Senadores. Para conseguir una mayoría simple en el Senado, el PRI necesita el voto de al menos tres senadores de oposición.
Es un hecho que el electorado eligió una composición del Congreso, y los legisladores han decidido hacer otra cosa.
Por extraño que parezca, hoy que estamos a un año de las elecciones presidenciales, el PAN tiene no tres, sino cuatro senadores dispuestos a darle al PRI algo que no ha tenido en cinco años: la mayoría en ambas Cámaras. ¿Cuánto contrapeso han ofrecido los partidos de oposición en el Congreso? No mucha, por decir lo menos. La agenda de reformas estructurales y políticas del presidente avanzó sin mucho problema durante la primera mitad del sexenio durante los años felices del pacto por México.
Pero hay un asunto de la mayor importancia que tiene que definirse antes de que acabe el sexenio. En la reforma constitucional de 2014 se creó la figura de una Fiscalía General de la República autónoma. Sin embargo, esta reforma contiene una píldora envenenada, avalada por una mayoría calificada de ambas Cámaras: el procurador en funciones al momento de decretarse la ley secundaria de la Fiscalía se volverá automáticamente fiscal por nueve años.
Así las cosas, el actual procurador, Raúl Cervantes, personaje cercano al presidente, puede volverse fiscal general por nueve años en cuanto se apruebe una ley secundaria. Esta ley requiere una mayoría simple de votos que, misteriosamente, el PAN está dispuesto a ofrecerle al PRI en el Senado.
Un Congreso verdaderamente opositor podría cambiar la píldora envenenada detrás de la Fiscalía, o bien impedir que la ley secundaria se apruebe en lo que resta del sexenio, para que sea el nuevo Congreso quien elija al primer fiscal autónomo. Hay varias formas de resolver el entuerto, pero todas requieren un Congreso que sea capaz de ser contrapeso a los deseos del Ejecutivo. No es un asunto menor. Quizá por eso les urge tanto resolverlo por debajo de la mesa.
Este artículo fue publicado originalmente en la sección de Opinión de 'Excélsior'.
*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.
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