El 1 de diciembre de 2012, durante las manifestaciones por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, quedaría definida la línea que habría de seguir su gestión en lo referente al derecho humano a la protesta y a la libre expresión: la jornada culminó con 99 detenciones –la mayoría arbitrarias–, caracterizadas por diversas violaciones a los derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, detención y retención ilegal de menores de edad y por lo menos seis casos documentados de tortura.
Además, Juan Francisco Kuykendall murió 13 meses después a causa de las heridas causadas por una bala de goma disparada durante el operativo.
De esta forma, la criminalización de la protesta y del derecho a defender derechos humanos ha ido en aumento, sumando 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de personas defensoras del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017.
La cifra proviene del informe La esperanza no se agota, realizado por la Red TDT (que aglutina a 84 organizaciones de 23 entidades) y el cual concluye que en lo que va de este sexenio, la criminalización de la protesta y de la defensa de los derechos humanos tiene como objetivo posicionar política y mediáticamente a las personas manifestantes y a las personas defensoras como enemigas del desarrollo.
Vemos con preocupación que durante este sexenio se han impulsado diversos procesos tendientes a la criminalización de la protesta y del derecho a defender derechos humanos: la judicialización de personas defensoras, la reiterada –y cada vez mayor– represión en manifestaciones y actos públicos, el ataque y desprestigio mediático y la restricción de la protesta social por la vía legislativa: desde el 2012 a la fecha se han publicado cinco leyes locales que, por un lado, criminalizan y/o coartan el derecho humano a la protesta, y por otro, abren la puerta para la comisión de violaciones graves a derechos humanos, al elevar el techo jurídico y legalizar el uso indiscriminado de la fuerza pública, incluyendo el uso de balas de goma e incluso armas de fuego contra manifestantes."Informe Red TDT.
El informe documenta que los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos defensores con 39% de los eventos; seguidos del gobierno federal con 32% y los gobiernos municipales con 20%.
Creemos que es una mirada amplia de lo que está sucediendo en el país, no pretendemos que sea la totalidad del análisis, porque hay lugares, como Tamaulipas, donde hacerlo puede costar la vida."Fernando Ríos, Red TDT.
Del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2016, la Red TDT registró 302 casos de personas y colectivos que han sido objeto de violaciones a sus derechos humanos y delitos por su labor de defensa.
De estos, el 51% (155) se presentaron únicamente durante un año y el 49% (147) en más de uno, estos últimos se identifican como casos de continuidad, debido a su repetición y la inacción del Estado para brindar protección.
Asimismo, la Red aglutina las agresiones en seis rubros: tierra y territorio, donde se dieron el 29% (113) de los casos; violencia e inseguridad, 12% (48); mujeres, género y población LGBTTTI, 4% (14 casos); derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y políticas públicas, 16% (63); movilidad humana, 3% (13); y acompañamiento a personas y colectivos y criminalización de la protesta social, 36% (139 casos).
Es una responsabilidad del Estado garantizar que se pueda trabajar en pro de los defensores de los derechos humanos. Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo.
Dentro de los casos, un porcentaje significativo está ligado a megaproyectos: 21% (64) tienen que ver con la lucha de las personas y comunidades por las violaciones generadas por la imposición de los megaproyectos, siendo Oaxaca la entidad que tiene el mayor número, 20% (13).
La Red documentó que, a partir de 2001, la represión se vuelve más intensa contra quienes participan en movimientos de defensa del territorio, principalmente contra proyectos de infraestructura y de inversión empresarial en estados como Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Sinaloa.
Son siete entidades federativas las que acumulan el 69% (17) de los casos: Chiapas, 18% (56); Oaxaca, 14% (45); Ciudad de México, 12% (37); Guerrero, 8% (25); Veracruz, 7% (21); Puebla, 5% (17); y Estado de México, 5% (16).
Dentro de la documentación realizada, hay cuatro regiones que particularmente son preocupantes: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, donde hay un alto índice de riesgo para el trabajo de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos.
No sólo no habíamos notado que nos discriminaban, sino que nos agredían, algo que para nosotros era normal, es una agresión. Estela Ángeles Mondragón, abogada defensora de los derechos y asesora del pueblo Chineachi y Huahuacherachi en la Sierra Tarahumara.
LOS OTROS PERPETRADORES
Nos parecía imprescindible saber qué es lo que está pasando con las personas defensores de derechos humanos en el contexto del país (...) El informe se llama La esperanza no se agota, porque la emergencia de las personas en las regiones más inhóspitas han sido también una esperanza constante para el pueblo mexicano."Fernando Ríos, Red TDT.
De los 3 mil 380 actos que recoge el informe, 919 (27%) fueron cometidos por perpetradores no estatales; sin embargo, la Red sólo considera 227 casos sobre los cuales sí cuenta con información precisa sobre los agresores.
De estos, los grupos de choque son los que más violaciones cometieron, con 31%, siendo Chiapas donde más actúan; seguidos de las empresas privadas, con 20%, y los medios de comunicación con 16%.
Sobre este último rubro, se considera agresores a los medios de comunicación por difundir información imprecisa o perniciosas sobre las personas o colectivos que defienden los derechos humanos. Destaca Ciudad de México, donde los medios de comunicación son los perpetradores no estatales con mayor frecuencia registrada, 69% (11) de los eventos.
La violencia criminal generalizada, consecuencia de la lucha entre cárteles por el control del territorio, asola a la ciudadanía con desapariciones masivas, homicidios, secuestros, reclutamiento forzado y enfrentamientos entre cárteles como sus más graves expresiones, y ha ocasionado el desplazamiento forzado –a veces de comunidades enteras–, registrándose, tan sólo en 2016, 29 episodios en 12 entidades del país.
Los grupos de delincuencia organizada fueron perpetradores en el 15% (34) de los eventos registrados. En Guerrero, estos son el principal perpetrador no estatal, participando en el 43% (6) de los eventos registrados en la entidad.
Aquí puedes consultar o descargar el reporte íntegro:
laesperanza_sinPort by InformesParaCompartir on Scribd
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