Políticos, intelectuales, académicos y organizaciones civiles se pronunciaron contra la "impunidad transexenal" que representaría la designación del procurador Raúl Cervantes como el próximo Fiscal General de la República.
Así lo afirmaron a través de un desplegado publicado en el periódico Reforma.
Entre los firmantes se encuentran Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado, presidentes del PRD, PAN y MC; los fundadores del PRD Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Raúl Trejo Delarbre, José Woldemberg y Federico Reyes Heroles
los integrantes de la organización Ahora: Emilio Álvarez Icaza, Alfredo Figueroa y Javier Sicilia; los académicos del CIDE, Alejandro Madrazo y Jorge Javier Romero; el gobernador de Chihuahua, Javier Corral; Juan Francisco Torres Landa, secretario de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia y el abogado Paulo Diez Gagari, ademá de otros militantes del PRD y el PAN.
Nos oponemos al pase automático del actual procurador. Por ningún motivo Raúl Cervantes, o cualquier otra persona ligada a los intereses del poder, puede ser Fiscal General de la República. Ello significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen".
"La mayor evidencia de la pésima calidad de la administración, procuración e impartición de justicia en México es la impunidad", señala el comunicado.
"Ello impide el castigo a quienes violan la ley, especialmente a los poderosos y se constituye en una de las principales causas de la indignación social, del divorcio y desconfianza entre los operadores y representantes políticos y la sociedad civil. La impunidad es fuente de violencia, corrupción, violación a los derechos humanos e ingobernabilidad", añade el texto.
Los firmantes consideraron necesaria una reforma al artículo 102 que contemple los aspectos mínimos para garantizar la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado y suficiente, transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía General.
"El régimen priista se opone a una verdadera autonomía e independencia en la institución que reemplazará a la PGR, y lo que busca es garantizar protección e impunidad más allá del presente sexenio a quienes se han enriquecido y beneficiado ilegalmente al amparo de poder", concluye el texto.
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