Las fuerzas armadas llevan casi dos sexenios vigilando las calles de las entidades más conflictivas del país. En poco más de una década, los mexicanos de buena parte del territorio nacional nos hemos acostumbrado a ver en las carreteras y avenidas convoyes de vehículos militares con decenas de soldados armados para la guerra.
Los marinos han dejado la franja costera para adentrarse en entidades donde no hay mar, pero sí hay delincuentes (muchísimos) acostumbrados a imponer su ley, por encima de las policías municipales y estatales.
Por orden presidencial, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México han vigilado las calles durante dos sexenios, tomando responsabilidades y obligaciones que no les corresponden y desgastando su imagen, en su intento por restablecer la paz y la seguridad en el país.
Pero los marinos, los soldados, no son policías ni están entrenados para estos menesteres; y eso se ha notado en infinidad de quejas y denuncias ciudadanas de abusos, vejaciones, desapariciones e incluso asesinatos.
Desde hace años los mandos militares han exigido un marco jurídico que regule sus actuaciones fuera de los cuarteles. En estos dos sexenios, el gobierno federal y los estatales han sido incapaces de fortalecer sus policías para que los soldados y marinos regresen, poco a poco, a sus obligaciones.
Pero las fuerzas armadas ya se cansaron, dieron un golpe en el escritorio y su solicitud de tener una ley que los regule y proteja, se convirtió ya en una exigencia.
Y por la celeridad con que ha actuado el gobierno y su partido, parece que esta exigencia lleva el sello de "URGENTE".
Este jueves, el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados aprovecharon su mayoría para aprobar, primero en comisiones y el mismo día en el pleno, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que ahora deberá ser aprobada por el Senado de la República, también a la brevedad.
Esta legislación que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, por Amnistía Internacional, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por partidos de oposición y por relatores de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
¿No son todas estas voces lo suficientemente importantes como para que el Gobierno Federal detenga la marcha, escuche las críticas y busque un consenso para la aprobación de una ley que verdaderamente regule y limite la actuación de las fuerzas armadas?
Preocupa la ambigüedad con la que la ley define la seguridad interior y sus amenazas, lo que permitiría la actuación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina Armada de México. Ahora, el presidente podrá decidir si las fuerzas armadas asumen la seguridad de determinado estado o municipio, sin que la entidad lo solicite. Esto, de acuerdo con el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, permitirá configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la seguridad interior, con todos los riesgos que ello conlleva.
La Ley de Seguridad Interior normaliza la actuación de los soldados en las calles y lleva consigo el gran riesgo de que su presencia sea permanente. Es absurdo pretender que el ejército abandone el combate al narcotráfico de un día para otro, pero es imperativo que los gobiernos federal y de los estados asuman, de una vez por todas, sus obligaciones y den pasos firmes para ofrecer a los ciudadanos policías dignas, capacitadas y bien equipadas para hacer frente a la delincuencia organizada.
Es su obligación y es nuestro derecho. Los mexicanos no podemos, no debemos acostumbrarnos a vivir entre soldados y marinos armados hasta los dientes; y nuestros militares no deben acostumbrarse a realizar labores que no les corresponden.
Después de 11 años no hay un plan para su regreso gradual a los cuarteles y, después de la aprobación de esta ley, ese día parece cada vez más lejano.
*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.