A casi tres meses del sismo del 7 de septiembre, impera una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción.
Así lo constató una misión de observación en las comunidades Huizachal y el Paredón en Tonalá y Gustavo López y Nueva Urbina en Pijiiapan, en Chiapas, realizada por diversas organizaciones.
Asimismo, la misión integrada por la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Voces Mesoamericanas; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa detectó ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos, lo cual, señalan, revictimiza a los afectados.
Se detectó, preliminarmente, un intento de canalización de recursos públicos sin licitación clara que busca hacerse pasar por caridad y solidaridad, al no existir claridad sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Dichas falencias son imputables al Estado sin duda, pues es su responsabilidad garantizar el derecho a la información para la toma de decisiones, así como transparencia en el uso de los recursos públicos."ONG.
Otro de los señalamientos tiene que ver con la falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal con los ciudadanos, algo denunciado desde los primeros días después del sismo, pues no se ha compartido información básica para garantizar los derechos de las personas afectadas por el desastre y preocupantes rezagos en la atención y respuesta a las afectaciones de las instalaciones públicas de salud y educación.
Existe un proceso de imposición cultural a través de prototipos de construcción que responden a una lógica centralista y no son susceptibles de adaptarse a las necesidades de la población local, no cumplen con los criterios mínimos que permitan un ejercicio del derecho humano a la vivienda digna y ni siquiera cumplen con criterios básicos de calidad".ONG.
La misión de observación también recabó testimonios de agresiones a personas defensoras en el contexto de su trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos y apoyo a las personas y comunidades víctimas en relación a los sismos y réplicas.
Ante las inconsistencias detectadas, las organizaciones llaman a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar acciones tendientes a remediar las graves fallas detectadas por ellos en el padrón de beneficiarios; así como a investigar, resolver y evitar posibles actos de corrupción en torno a la entrega de tarjetas.
Asimismo, llamaron a las autoridades estatales y municipales a garantizar el derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá.