26 personas murieron cuando casi una tonelada se les vino encima.
El edificio de cuatro pisos del Colegio Enrique Rébsamen colapsó el 19 de septiembre de 2017: las columnas de la construcción original no soportaron los 976.50 kilos que se le agregaron en su última remodelación, ocurrida el año pasado.
Granito, porcelanato, una barra de cocina y una bañera se instalaron en el cuarto nivel de una construcción cuya base no estaba preparada para ese peso, y a la que —según confirma lo ocurrido— tampoco se le realizó una revisión estructural que asegurara el soporte de los agregados.
Antes de que se construyera el cuarto nivel, el edificio original, que data de 1983, requería ser reforzado. Lo cual no ocurrió. Las consecuencias fueron mortales.
Fue el Director Responsable de Obra Juan Apolinar Torales quien autorizó las modificaciones.
Tres meses y 17 días antes del temblor del 19S, el DRO Apolinar Torales firmó una carta responsiva en la que daba su visto bueno en la operación y seguridad de la escuela.
Además de manifestar que el predio no había sido ni sería modificado en su uso de suelo permitido en la superficie construida, la carta aseguraba que la construcción reunía "todas las condiciones de seguridad previstas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado el 17 de junio de 2016".
Fue esa firma la que le costó la vida a 19 niños y siete adultos.
El peritaje que se realizó para identificar las razones por las que el colegio colapsó señalaron que la construcción estaba "fuera de norma". Según los análisis, los cuatro pisos del colegio carecían de continuidad; es decir los soportes que unían el segundo, tercer y cuarto nivel no se correspondían. Sumado al peso del cuarto nivel, los pilares en lugar de solo fracturarse, cayeron.
El juez giró una orden de aprehensión en contra de Juan Apolinar Torales y de Francisco Pérez Rodríguez, Corresponsable de Seguridad Estructural.
Además del DRO y del CSE, la directora del Enrique Rébsamen y dueña del edificio, Mónica García Villegas —Miss Mónica para quienes la veían a diario en el colegio— también tiene giradas dos órdenes de aprehensión: Es acusada de uso de documento falso y de homicidio culposo.
Los responsables
En el arranque de la construcción de cualquier edificio intervienen tres principales actores: el propietario, los encargados del proyecto y los ejecutantes.
El dueño del edificio es el que elige a los arquitectos e ingenieros que desarrollarán el proyecto conceptual, que incluye la arquitectura, los cálculos estructurales, las ingenierías, el desarrollo de acondicionamiento de los espacios eléctricos, gas e hidrosanitarios. La ejecución de la obra corre a cargo de una constructora y del Estado, que se encarga de otorgar un permiso avalado por el Director Responsable de Obra (DRO).
Además de estar a cargo de la construcción y supervisar los trabajos, el DRO tiene la responsabilidad de conocer los reglamentos y las normas de construcción y de seguridad. Su firma avala que un proyecto es seguro y ofrece los servicios adecuados.
Su firma es (o debería ser) sinónimo de confianza para quienes usan el inmueble.
El DRO no está solo, trabaja con los Corresponsables en Seguridad Estructural, con los Corresponsables en Instalaciones, y con los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico. Estos cuatro peritos determinan si una construcción cumple con la normatividad, y si funciona de manera óptima.
Una vez que el proyecto cuenta con los vistos buenos de todos personajes anteriores, se ingresa a la delegación, que autorizará la construcción, y se encargará de que ésta se ejecute en tiempo y forma.
Aunque las autoridades delegacionales pueden cuestionar cualquier incumplimiento que identifiquen dentro del proyecto, la verdad es que no son unos vigilantes muy estrictos: "Realmente la parte de la revisión queda en manos de los peritos que están involucrados con el proyecto. Ellos tienen que estar durante el proceso de obra, para asegurar que las cosas se hacen bien. Deben acompañar toda la obra y estar revisando que lo que está en el proyecto y lo que ellos firmaron se ejecuta de esa misma manera. Cuidan que haya calidad en la construcción", explicó el arquitecto y DRO Mario de Jesús Carmona.
Cuando se trata de una ampliación, como la que ocurrió en el Colegio Enrique Rébsamen, esta debe estar autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con base en el uso urbano y de suelo.
Las irregularidades del edificio
De acuerdo con el expediente que entregó la delegación Tlalpan sobre el estado del Colegio Enrique Rébsamen, la construcción de la escuela para jardín de niños y dos departamentos en cuatro niveles arrancó en 1983, en la dirección Rancho Tamboreo 19, que siete años más tarde (1900) adquirió la constancia de uso de suelo como secundaria.
Debieron pasar veinte años (2003) para que Rancho Tamboreo 11 solicitara y obtuviera la constancia de uso de suelo como primaria y preprimaria.
Tras 27 años de dar servicio en Rancho Tamboreo 19 y siete de hacerlo en Rancho Tamboreo 11, comenzaron los problemas. En 2010 se clausuró la obra por falta de documentación: Estaban trabajando sin manifestación de construcción.
Claudia Sheinbaum dijo que tras una visita de verificación encontraron una construcción ilegal de 90 metros, en el cuarto piso. En ese entonces se resolvió que éste sería demolido. Pero nunca hubo evidencia "de que se haya subsanado el procedimiento, es decir, que se haya cerrado jurídicamente", precisó Sheinbaum.
En 2014 ocurrió una segunda clausura de la obra.
Aunque en diciembre de 2013 un perito de INVEA "verificó" que las labores de remodelación no implicaban modificaciones estructurales, el mes siguiente la obra se suspendió por falta de documentos que ampararan los trabajos.
La construcción se clausuró en junio, el mismo mes en que la dirección general de obras y desarrollo urbano emitió un documento en el que solicitaba pruebas "con cálculos y gráficas" firmadas por el DRO y el CSE porque "no existe suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de su estructura".
En ese escrito se señalaba que, al ser una edificación clasificada en el grupo "A" del Reglamento de Construcciones (un inmueble destinado a escuela), la falla estructural "constituye un peligro significativo".
En respuesta, el arquitecto Mario Velarde Gámez (DRO-1990, con licencia vigente al 31-07-2018) dijo que existía evidencia suficiente "de que la edificación inspeccionada no tiene daños estructurales ni los ha tenido, ni ha reparado y que el comportamiento de la cimentación ha sido satisfactorio. Que no existen defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la obra. Y que el sistema estructural es la idónea para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas".
En 2014 como en 2010, la escuela pagó sus multas y se le autorizó volver a construir.
Los errores que se hubieran podido evitar
Era responsabilidad del DRO garantizar que la estructura base resistirá cualquier ampliación. "Se tiene que asegurar de que el edificio original es capaz de soportar, tanto en estructura como en instalaciones, y en relación con las normas de ocupación arquitectónicas", señaló Carmona.
¿Por qué si el DRO vio que los cuatro pisos del colegio carecían de continuidad permitió que siguiera la construcción? ¿Cómo es posible que de todos los peritos que se requieren para validar una construcción/remodelación, ninguno "notara" las fallas? ¿Cómo pudo permanecer en pie tanto tiempo un edificio que presentaba semejantes irregularidades?
David Herrera, director la empresa de construcción Consorcio operativo, explicó que, aunque ignora las razones por las que se decidió seguir con la construcción, a pesar de la falta de continuidad en los pisos 2, 3 y 4, "ante una falta como esta no puedes fingir que caes en negligencia y que estás fuera de norma. Esto obviamente da a pensar solo en tres opciones: inexperiencia, que quiso ahorrar en materiales para obtener mayor utilidad o corrupción".
No hay forma de que un perito especializado no viera los problemas en la obra.David Herrera, director la empresa de construcción Consorcio operativo.
Por su parte, el académico y experto en estructuras, Arturo Ríos Santa Cruz Polanco, señaló que lo que pudo haber ocurrido es que 1) el DRO no tuvo la información necesaria para hacer la revisión, 2) no hizo la revisión y sólo se limitó a firmar, 3) dio un dictamen y sencillamente el dueño no le hizo caso (en este caso, sin embargo, "el perito debió retirar su firma") o 4) contrario a lo que exige la ley, "el DRO no tenía la formación o la capacidad suficiente para tomar la responsabilidad o corresponsabilidad de la construcción, ampliación o modificación del edificio en cuestión".
El arquitecto y DRO Mario de Jesús Carmona recordó un caso que corrió a cargo de su despacho. Se trató de la ampliación de un edificio de siete pisos y concreto armado, ubicado en la Roma Norte: "Lo que hicimos fue una revisión estructural, hicimos análisis numéricos, matemáticas, revisamos los armados en planos, inspeccionamos ocularmente, vimos si cumplía con la normatividad. Vimos en dónde se requerían refuerzos".
Explicó que en ese caso hacía falta recimentar el edificio con pilotes, lo que se realizó antes de la ampliación.
El edificio del Colegio Enrique Rébsamen no colapsó antes porque el material no tenía por qué fallar, "no, mientras no existiera un elemento que lo hiciera trabajar", explicó David Herrera. En este sentido, Ríos Santa Cruz Polanco dijo que, además, habría que "tener en cuenta que las condiciones de la capacidad de carga de un terreno pueden cambiar debido a diferentes circunstancias"; una de ellas sería la sobreexplotación de los mantos acuíferos en Ciudad de México.
Finalmente, Herrera agregó "obviamente al no cumplir con las normas era imposible que no se derrumbara con un movimiento sísmico".
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