El Centro Penitenciario de Piedras Negras era un campo de exterminio financiado por el Estado. Y cuando Jacobo Dayán, profesor de la Universidad Iberoamericana, lo dice, no exagera.
Del informe "El yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011", realizado por Dayán y el investigador Sergio Aguayo en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, se desprende que, en ese lapso, el grupo criminal tenía el control absoluto del centro de rehabilitación social sin que las autoridades a nivel federal o estatal hicieran algo para impedirlo.
En un memo de 2003, la DEA aseguraba que los zetas (entonces brazo armado del cártel del Golfo) ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras. Para 2010 y 2011, el control sobre el norte de Coahuila era total. Los municipios estaban sometidos.
El gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios eran cómplices. La federación era indiferente y displicente. Todos ignoraban a las víctimas." Informe El Yugo Zeta.
Los zetas entraban y salían cuando querían del penal; realizaban torturas en la zona de máxima seguridad; controlaban todo tipo de venta al interior; cobraban "renta" por usar el área de visita conyugal; adaptaban vehículos para el transporte de drogas hacia Estados Unidos; era, en sí mismo, el centro de negocio zeta. Incluso, la Fiscalía de Coahuila confirmó que el centro penitenciario fue controlado por el grupo criminal.
Era (el cereso) para el uso criminal en instalaciones del Estado (...) El penal usado como campo de exterminio frente a la torre de vigilancia #6." Jacobo Dayán.
El informe refiere que el centro penitenciario era uno de los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Otros centros de exterminio eran un terreno baldío próximo a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero municipal y un campo de futbol.
"Cuando destruían cuerpos, se trastornaba la vida del penal. Los custodios recibían órdenes de dejar las torres de vigilancia y sacaban de esa zona a los internos. Los internos eran encerrados en sus módulos y nadie podía acercarse a la zona de talleres. Se desplegaban presos para que vigilaran como halcones: entre siete y diez en la enfermería y de ocho a diez en los talleres. Sin embargo, varios internos podían ver las llamas y la columna de humo además de que el olor a cabello quemado y diésel llegaba a buena parte del centro de rehabilitación", señala el reporte.
En el siguiente croquis, se puede ver la ruta que seguían las unidades cargadas de cuerpos hasta llegar a la torre #6, donde eran incinerados:
CENTRO DE NEGOCIO ZETA
El expediente APP 005/2014-BIS de mil 535 folios facilitado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila sólo incluye la primera etapa de la investigación del penal y contiene las declaraciones ministeriales de 11 zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal.
"La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario", apunta el informe.
No sólo participaban los zetas, también recibían apoyo de agentes del Estado para ejercer un ataque generalizado y sistematizado contra la población civil. Usaban recursos e instalaciones públicas para atacar a la población civil y fortalecer su estructura criminal". Jacobo Dayán.
La organización además obtenía ingresos vendiendo drogas, refrescos y chicharrones, cobrando cuotas por el uso de las celdas y rentando los cuartos utilizados para la visita conyugal; servía de base para reclutar sicarios, además de ser un centro para confinar temporalmente a los secuestrados y para torturar, ejecutar y desaparecer cadáveres.
El director de la cárcel era nombrado por los zetas y ni el Ejército ni la Marina podían ingresar, al menos que éste lo pidiera, explicó Sergio Aguayo. Había, por tanto, un jefe de cárcel zeta, quien describió sus funciones: "yo me encargaba de manejar la plaza adentro del penal‖ para que todo estuviera tranquilo y que funcionara bien".
En el siguiente mapa, se observan los talleres, la zona de máxima seguridad y el área conyugal, donde vivía el jefe de cárcel y sus allegados, y que eran fortalezas que se abrían o cerraban a voluntad del cártel.
Tenían, además, un área conocida como "el monte" en la zona de máxima seguridad. "Ahí metían a los internos que cometían alguna infracción y a los secuestrados del exterior mientras se negociaba el pago del rescate. El lugar podía estar muy concurrido: en una ocasión llegaron a tener 50 internos castigados", se asienta en el documento.
Asimismo, era un refugio seguro para los jefes zeta que deseaban esconderse de los federales fuera de la nómina criminal. Hay indicios de que al menos alguno de los dos hermanos que controlaban la región, Omar Treviño Morales, el Z-42, se escondía en la cárcel cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo.
LA VENGANZA
Estamos en una guerra y la guerra tiene un costo terrible." Sergio Aguayo
Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, los zeta desencadenaron una venganza en toda la región. Desde Allende y Piedras Negras se hicieron en esos cinco días mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089.
El Primer Visitador de la CNDH había pedido al C4 las llamadas de Allende y Piedras Negras. La disparidad es notable. De Allende con 22 mil habitantes salieron 26 reportes; de Piedras Negras con 152 mil habitantes, mil 425 llamadas. Es una proporción de 55 a 1.
"Algo muy grave debió haber ocurrido en Piedras Negras. De estas llamadas, 100 son para reportar 42 distintos incendios en Piedras Negras y nueve en Allende sobre cuatro incendios. Demasiados incendios para tan pocos días. Sobre todo porque en algunos sitios se reporta más de un incendio el mismo día o en días consecutivos, incluso después de haberse extinguido el fuego", subraya el reporte.
La venganza zeta, según el documento, fue responsabilidad de la DEA y la Policía Federal de aquel país, las cuales se niegan a revelar la identidad de los responsables después de 6 años.
Para entender qué fue lo que pasó hay que señalar que el 15 de febrero de 2011, los zetas ejecutaron en San Luis Potosí a Jaime Jorge Zapata, agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus iniciales en inglés). Washington exigió el fin a la impunidad del cártel y los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama lanzaron un operativo binacional que en 12 días condujo a la detención de centenares de personas.
Los zetas se sintieron traicionados por el ataque y Saltillo vivió una etapa difícil. Simultáneamente, la DEA presionaba a un zeta en Estados Unidos para que les entregara información que permitiera la captura del Z-40 y Z-42. La obtuvieron y el viernes 11 de marzo de 2011 un alto funcionario de la DEA, envió a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares de Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar (el Z-40 y el Z-42).
A las pocas horas alguien de esa unidad de la Policía Federal informó a los hermanos Treviño, quienes inmediatamente supieron que la información había salido del entorno de su lugarteniente más cercano en Coahuila, Mario Alfonso Cuéllar.
Uno de los testigos en los juicios de Estados Unidos estaba con el Z-40 cuando se enteró de la traición de Cuéllar: "Furioso, el Z-40 ordenó levantar a todas las personas y bienes que olieran a Poncho Cuéllar. La pena de muerte incluía a los cercanos a Cuéllar, a Moreno y a otro asociado, José Luis Gaytán Garza; hombres, mujeres, niños, viejos estuvieran o no involucrados en el tráfico de drogas. También saquearon y destruyeron propiedades. Cuéllar, Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos, donde los dos primeros se convirtieron en testigos protegidos de la DEA. Antes de partir, Cuéllar avisó a quienes trabajaban para él que escaparan", refleja la publicación.
Entonces, el cártel armó un operativo en el norte de Coahuila que incluyó Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión. Los sicarios enviados a Allende recibieron la orden de ir a todos los domicilios de la familia Garza porque los iban a levantar para matarlos. También giraron instrucciones a los 20 efectivos de la policía municipal de Allende para no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran‖. Se reforzaron con un número no determinado de internos del Penal de Piedras Negras.
Hasta hoy, el número de muertos sigue siendo un misterio.
"abemos de 33 domicilios agredidos por la delincuencia organizada ese día, de donde se sustrajeron a familias enteras (...) Después, las familias ni siquiera podían voltearse a ver, pues pensaban que entre ellos podría estar el perpetrador de las desapariciones". Ariana Garcia, representante de las asociaciones de personas desaparecidas en Coahuila.
EN LA RUTA DE LA DROGA
La cárcel de Piedras Negras dista, en línea recta, 6.35 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Se asienta en un terreno de aproximadamente 47,616 metros cuadrados. En 2011, convivían ahí unos 655 internos y 77 encargados de custodiar y vigilar la prisión.
A la cárcel, documenta el informe, llegaban vehículos robados o comprados. Los reparaban, pintaban, polarizaban y, cuando era necesario, les cambiaban el número de serie, a fin de instalarles compartimentos secretos que llevarían drogas a Estados Unidos.
"Un interno que trabajó en ese taller cuenta que ―fueron un chingo y de todas marcas y modelos. En su caso, él arregló alrededor de 150 o más, la mayoría de origen americano", registra el texto.
Y NADIE HIZO NADA
En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no pudo ingresar a penal de Piedra Negras y, por ello, en ese año el Cereso tuvo una calificación de cero.
La CNDH revisó la situación de tres cárceles de Coahuila entre 2011 y 2015: el Centro Penitenciario de Torreón, el Varonil de Saltillo y el Varonil de Piedras Negras. Todos ellos fueron clasificados como autogobierno/cogobierno.
A todos los centros se tiene que ingresar, que no se pudiera ingresar, tuvo que ser un foco rojo muy grande".Ruth Villanueva, representante de la Comisión de Derechos Humanos.
LAS RECOMENDACIONES
El Estado mexicano tiene la obligación de respetar los derechos humanos y la sociedad de exigirlo."Jacobo Dayán.
A decir del informe, el liderazgo zeta fue capturado o eliminado y la organización está fragmentada. "Los indicadores muestran una mejoría y un claro ejemplo de ello fue la gradual recuperación del control sobre el Cereso de Piedras Negras". Sin embargo, apunta, existen las carencias.
Un hueco de esta investigación es reconstruir la estrategia seguida por el gobierno de Rubén Moreira. En relación a las víctimas de la violencia, el gobierno estatal tomó medidas que deben reconocerse. Sin embargo, persisten las carencias" .Informe El Yugo Zeta.
La CNDH primero reconoció los hechos de Allende como violaciones graves a los derechos humanos y a finales de 2017 emitirá una recomendación en la que lleva trabajando años.
La CNDH, por ello, "debería continuar su investigación ampliando la región y el tiempo para así emitir una recomendación por violaciones graves", recomiendan los investigadores.
Aquí puedes consultar el reporte íntegro:
El Yugo Zeta FINAL by InformesParaCompartir on Scribd