El exgobernador Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, recibieron dinero del cártel de los Zetas a cambio de cederle al crimen organizado el control de la entidad, según un informe de la Universidad de Texas, el cual sostiene que el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, también recibió dinero del crimen organizado para financiar su campaña electoral.
De acuerdo con el informe Control...Sobre Todo el Estado de Coahuila, elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad de Texas, entre 2013 y 2016, integrantes del cártel de Los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Rio, Texas por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero. Estos juicios dieron a conocer nueva información y corroboraron información que ya había sido documentada sobre las operaciones de Los Zetas y abusos a derechos humanos cometidos por el cártel.
Después de analizar los testimonios, la Universidad de Texas llegó a dos conclusiones principales: 1) el cártel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad; 2) las instituciones y funcionarios públicos tuvieron un papel, ya sea por acción o omisión, en la comisión de estos abusos.
Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila respectivamente, a cambio del control total del estado".Universidad de Texas
"Según los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre el estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios a lo largo del estado con impunidad y, a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales", señala el documento.
"Las autoridades mexicanas se han negado deliberadamente a impulsar procesos de justicia a pesar de tener mucha información sobre los numerosos abusos a los derechos humanos perpetrados por integrantes del cártel de Los Zetas. Tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila", añade el informe.
La investigación también refiere que el gobierno mexicano se ha negado a investigar asesinatos clave para documentar la relación entre los Zetas y el gobierno, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos compartió información clave con su contraparte mexicana.
"Los tres juicios analizados dejan claro que el gobierno de los Estados Unidos tiene información importante sobre asesinatos, desapariciones, amenazas y otros abusos cometidos por Los Zetas. Las declaraciones de los testigos y las investigaciones realizadas para estos juicios incluyen datos esenciales, tales como donde ocurrieron desapariciones y asesinatos. Sin embargo, los testigos aclararon que el Estado mexicano no ha realizado investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el gobierno de los Estados Unidos les compartió información importante de manera directa", añade el texto.
La investigación también señala que en 2004, cuando Los Zetas comenzaron a expandir su influencia en la esfera política, "Efraín Torres, uno de los fundadores de Los Zetas, proporcionó grandes cantidades de dinero a un candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz. Según la declaración bajo protesta de un agente del FBI, este candidato fue Fidel Herrera, quien ocupó el cargo de gobernador de Veracruz del 2004 al 2010. Durante los Juicios de Austin, varios testigos también mencionaron pagos a la campaña electoral de Fidel Herrera en el 2004".
"El objetivo de esta 'donación' era congraciarse con el gobernador para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de Pemex y obtuviera grandes utilidades", según el testimonio de Rodrigo Uribe Tapia, citado por el informe.
"Los testimonios de las experiencias personales de ex integrantes del cártel de Los Zetas y familiares de las víctimas permiten un mejor entendimiento sobre la grave situación en Coahuila y proporcionan detalles sobre la estructura y los integrantes de Los Zetas. Así mismo, muestran los nexos entre el cártel y funcionarios e instituciones públicas", concluye el informe.
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