Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, otra vez está en la mira.
La Procuraduría General de la República pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los movimientos financieros de Lozoya del 2012 a 2016, debido a la investigación del caso Odebrecht.
Por este mismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le abrió una investigación de evolución patrimonial, a partir de su ingreso al servicio público, así como el Instituto Nacional de Migración deberá informar si Lozoya viajó a Brasil durante su gestión como titular de la empresa productiva del Estado.
El exfuncionario es indagado por cohecho y enriquecimiento ilícito en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, iniciada por una denuncia presentada el 27 de enero por Araceli Cortés, apoderada de Pemex Transformación Industrial.
En agosto pasado, el diario El País señaló que tres exdirigentes de Odebrecht confirmaron que Lozoya recibió incentivos que alcanzaron los 10 millones de dólares entre 2012 y 2016.
A pesar de que el exdirectivo de Pemex ha negado con anterioridad estar relacionado con los presuntos sobornos abonados por Odebrecht, su nombre apareció ligado a diversas operaciones ilegales.
En diciembre de 2016 Odebrecht se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por haber otorgado sobornos en distintos países. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la brasileña pagó cerca de 10.5 millones de dólares a trabajadores públicos de México entre 2010 y 2014.
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